El pasado día 3 de diciembre se celebró una reunión entre Empresa y Sindicatos para tratar el pase de 188 trabajadores y trabajadoras de Recuperaciones Banco Santander y un número indeterminado de Altamira Santander Real Estate a la empresa Altamira Asset Management, S.L. cuyo inversor principal será el fondo Apollo que ostentará una participación del 85% de la misma, quedando el 15% del capital restante en manos del Grupo Santander.
La Empresa reconoció que este movimiento es un salto cualitativo en su política de RR.HH. Para CGT es una brutal agresión a la plantilla afectada. Una plantilla que se ve envuelta en una operación de ingeniera laboral y financiera que le va a reportar al Grupo unos ingresos de cientos de millones de euros y que sin embargo a ella, la deja en una situación de total indefensión y de desprotección al no tener garantías de empleabilidad suficientes.
Algunos sindicatos presentes en la citada reunión han considerado y así lo han manifestado públicamente que la Empresa ha cedido en sus pretensiones iniciales. Una consideración realizada tras una lectura muy generosa del art. 44 del E.T. ya que según la redacción del mismo
“el nuevo empresario queda subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior. Incluyendo los compromisos de pensiones y cuantas obligaciones en materia social complementaria hubiera adquirido el cedente”
es decir que todas las supuestas cesiones están garantizadas por la aplicación del propio art. 44. En cuanto al resto de cesiones, como el mantenimiento de las pólizas de seguro médico, son las propias compañías las que mantendrán la vigencia y los precios de las mismas y finalmente en cuanto a las condiciones de los préstamos y créditos en vigor sólo faltaría que no se mantuvieran hasta su vencimiento.
Adicionalmente ayer se celebró, con motivo de la convocatoria de paro parcial de dos horas para el próximo día 10 efectuada por los mismos sindicatos, otra reunión en el S.I.M.A. en dónde el Banco ofreció, a modo de migaja, una carta de retorno para los trabajadores y trabajadoras del Banco que pudieran verse afectados, exclusivamente, por un ERE en los primeros 18 meses. Esto ha sido suficiente para que los convocantes no sigan adelante con su pretensión del citado paro. Pero no debemos olvidar que para que los despidos individuales tengan consideración de ERE deben afectar a un mínimo de 30 trabajadores y trabajadoras que fueran despedidos en un periodo de 90 días. Por tanto, cualquier cantidad inferior a 30 no sería técnicamente un ERE y por tanto no aplicaría la carta de retorno.
CGT asistió a la citada reunión de intermediación, con la voluntad inequívoca de sumarse al paro convocado, al igual que se sumó el pasado 28 de noviembre, a pesar de no ser invitada, a las concentraciones que se realizaron en numerosas plazas. Creemos firmemente que desde una unidad de acción sindical sincera podremos afrontar con mayores garantías de éxito, tanto este nuevo reto que se nos plantea como los que avecinen en el futuro. No obstante, lamentablemente volvemos a observar como estos sindicatos lejos de liderar la contestación, como correspondería al porcentaje de representación que ostentan, se ponen de perfil y se conforman con nada.
Será un atentado contra la inteligencia de los afectados y afectadas, el que ahora pretendan, con manita de marketing, vendernos como una victoria, lo que no es más que una nueva renuncia a la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, porque la realidad es que el Banco hasta la fecha no ha cedido en nada.
CGT continúa manteniéndose firme en la petición de garantías de retorno. Es de justicia que el Banco, a cambio de la cantidad de dinero que esta operación le va a reportar, fruto entre otras razones del valor añadido que estos trabajadores y trabajadoras van aportan a la empresa cesionaria, lo que sin duda alguna ya va incorporado en el importe negociado, sea generoso y garantice de forma inequívoca la empleabilidad del colectivo afectado mientras dure el contrato de cesión pactado.
CGT mantendrá abierta todas las líneas de defensa de sus intereses priorizando la acción sindical como arma preferente, pero sin renunciar, a pesar de las dificultades que las últimas reformas laborales aprobadas están poniendo, a acudir a cualquier instancia que sea necesaria para conseguir el objetivo.
No obstante, volvemos a apelar a la responsabilidad de toda la representación sindical. Está en juego el futuro de nuestros puestos de trabajo y debemos estar a la altura del reto que la defensa de los mismos significa.